La reciente sesión preparatoria
llevada a cabo en la Cámara de Diputados de la Nación
ofrece varios aspectos para el análisis, muchos de los cuales
han sido ya suficientemente abordados por columnistas, analistas y
opinólogos diversos que han dado a conocer sus diferentes puntos
de vista. Los abogados constitucionalistas, inclusive, han opinado
sobre la legalidad o ilegalidad según su ubicación ideológica
de la decisión de la Cámara de excluir, vía remisión
del pliego a la Comisión de Poderes para que ésta dictamine
en contra de la inclusión, al diputado electo Luis Patti.
De modo que no voy a reiterar todo lo que se ha dicho sobre lo vergonzante
de la escandalosa sesión, los desaforados discursos de legisladores
como el ex montonero (indultado por Menem) Miguel Bonasso o el mismo
ex represor Patti, o lo que significa como muestra de repudio a una
conducta, la jura entre chiflidos y abucheos del doctor Juan Carlos
Lorenzo, Borocotó.
Se ha dicho también, por lo que no lo haré aquí,
lo que significa como burla a la voluntad popular que doscientos cincuenta
legisladores puedan decidir en contra de lo que medio millón
de bonaerenses habían decidido.
En uno de los noticieros de televisión vi un testimonio que
me pareció una síntesis perfecta de la situación:
un señor, ya mayor, decía “¿para qué
nos hacen votar, si después hacen lo que quieren? Uno renuncia
el día de asumir, otro cambia de camiseta a los pocos días
de ser elegido y a otro, aunque lo votó la gente, no lo dejan
asumir porque a ellos no les gusta. ¡Que elijan ellos y nos
evitamos las elecciones!”
A lo que voy a referirme por el simple hecho de que no lo he visto
hasta ahora escrito en ningún lugar es a lo peligroso que torna
esta potestad que los legisladores se han arrogado a sí mismos
de erigirse en árbitros éticos de quiénes pueden
y quienes no pueden ocupar una banca en el Congreso de la Nación.
A fuer de sinceros, si los cuestionamientos que pueden impedir el
acceso de un diputado electo a su banca debe basarse en cuestiones
éticas, me parece que la mayoría de las bancas deberían
haber quedado vacías. Pero eso es harina de otro costal.
La Constitución señala, en su artículo 64 (56
en la numeración anterior a la reforma de 1994) que “Cada
Cámara es juez de las elecciones, derechos y títulos
de sus miembros en cuanto a su validez (...)” Los legisladores
parecen haber leído la Constitución solamente hasta
donde comienza el subrayado en negrita. Obsérvese qué
diferente es la interpretación del párrafo señalado
si lo leemos incompleto: “Cada Cámara es juez de las
elecciones, derechos y títulos de sus miembros” Cambia
¿no?. Bueno, esto es lo que han hecho los legisladores. Se
han erigido en jueces de la elección, derechos y títulos
de sus miembros, de manera selectiva, obviamente, de acuerdo con sus
criterios éticoideológicos.
Y es justamente esto lo peligroso y lo que me parece que es necesario
que digamos públicamente ahora, que todavía podemos
expresarnos más o menos libremente, antes de que concluya el
proceso de instalación de la dictadura en la que se halla inmerso
el gobierno del presidente Kirchner y se comience a acallar violentamente
a las voces disidentes al mejor estilo de sus amigos, los comandantes
Chávez y Castro.
Hasta ahora hemos tenido una democracia formal, es decir, nos han
permitido votar y más o menos han respetado el veredicto de
las urnas después de la elección porque antes del comicio
se ha recurrido a todos los métodos para obtener el resultado
deseado por el poderoso de turno pero con esta decisión de
los legisladores se avanza un paso más hacia la dictadura ahora
ya desembozada y sin cuidado de las formas democráticas.
Como decía ese señor mayor por televisión, ¿para
qué vamos a pedirle al pueblo que vote, si después colocamos
en las bancas a quienes se nos antoja?
A la luz de los hechos acontecidos, hagamos un ejercicio mental. El
Frente para la Victoria tiene, en Olavarría, once concejales
sobre un total de veinte. Es decir, mayoría absoluta y quórum
propio. Imaginemos que el Concejo Deliberante de Olavarría,
en la sesión preparatoria para la inclusión de los nuevos
miembros elegidos por los olavarrienses el pasado 23 de octubre, decidan
como lo han hecho los diputados de la Nación que el cuerpo
“es juez de las elecciones, derechos y títulos de sus
miembros”. Y entonces decida que, por ejemplo, Liliana Schwindt
no puede asumir por su evidente incapacidad moral. ¡¡¡¡Fue
candidata por el duhaldismo!!!! Vade retro, satanás. Si eso
no la inhabilita moralmente, ¿qué lo hará? Debemos
preservar la honorabilidad del Concejo Deliberante impidiendo que
esta personera del mayor traficante de drogas (D'Elía dixit)
ocupe una banca. Lo mismo cabe para su compañera de bancada,
Susana Valverde, a quien por la misma incapacidad moral que tiene
hay que impedirle que ocupe su banca. Ni hablar de la incapacidad
moral que imposibilita la continuidad del concejal Urlézaga
en su banca, a quien, obviamente, es preciso despojar de la misma,
toda vez que llegó a ella integrando una lista (la del PJ)
para luego escindirse del bloque de su partido y formar un bloque
unipersonal, independiente, al que denominó Primero Olavarría,
lo que constituye una falta ética de tal magnitud que lo inhabilita
para continuar ocupando tan augusto sillón curul. Obviamente,
como los tres casos mencionados, podrían buscarse todos los
que sean necesarios para alcanzar la tan ansiada homogeneidad en el
Concejo Deliberante, “homogeneidad que, sin dudas, redundará
en beneficio de la población a la vez que garantizará
la gobernabilidad y permitirá el crecimiento intelectual de
la misma que, de tal manera, se encontrará representada por
aquellas ideas que verdaderamente valen la pena y conducirán
a nuestra comunidad al crecimiento y la felicidad, y no por ideas
bastardas que carecen de todo fundamento ético y sólo
están al servicio de la dependencia y de los imperialismos
que pretenden dominarnos” (todo este párrafo es convente
leerlo con vos engolada y con cara de político para que se
comprenda mejor su sentido).
Este ejercicio mental que aquí hemos realizado bien puede repetirse
en los ciento treinta y cuatro municipios bonaerenses, en las legislaturas
provinciales y en el Congreso de la Nación. Inclusive se me
ocurre, como una manera de disimular un poco, que hasta se podrían
dejar algunos disidentes para que nadie diga que la homogeneidad es
producto de la persecusión. Esos disidentes serían la
prueba de que todas las expresiones del pueblo están representadas
en los cuerpos colegiados.
El paso dado adelante por el Congreso de la Nación es sumamente
peligroso. Obviamente lo dicho en los párrafos anteriores son
exageraciones que, espero, no lleguen a producirse nunca. Pero me
parece que es preciso alertar a tiempo sobre estas maniobras mediante
las cuales la voluntad popular manifestada claramente por los comunes
ciudadanos en las urnas queda subordinada a la aprobación de
súper ciudadanos pertenecientes a una casta superior que, desde
sus bancas, tienen la potestad de determinar si el pueblo se equivocó
o no. Todavía estamos a tiempo y aún se nos permite
alzar la voz. |
