Es como el cuento del pastor mentiroso, porque la pavada se repite hasta que la realidad la pone, patéticamente, a la vista, desnuda y lamentable. Esto de los complotes, conjuras y conspiraciones es ya una muletilla que exhibe desgastes evidentes en la credibilidad general, desde aquel “atentado contra el presidente” (conato de magnicidio) que sólo fue un rapto descontrolado de un pobre loquito que volcó un camión en la vereda del domicilio santacruceño de la supuesta víctima, que estaba a casi tres mil kilómetros de distancia. Así,  menudean los complotes contra el sistema o contra los esfuerzos del gobierno para darnos una vida mejor.

Nuestra flamante presidente acaba de inaugurar su saga propia de complotes empezando por uno contra ella, su gobierno y, desde luego, las buenas intenciones que desgranó desde que fue designada sucesora de su esposo por su esposo. Lo novedoso es el formato de “operación basura” dado a la intervención judicial en Estados Unidos sobre un hecho ocurrido en nuestro país cinco meses atrás, cuando un ciudadano de doble nacionalidad (venezolana y estadounidense) arribó al Aeroparque procedente de Caracas, viajero en un avión alquilado por una empresa oficial (ENARSA), en compañía de altos funcionarios de Venezuela y de la Argentina, portando una valija que, al pasar por la aduana, dijo que contenía libros y “algunos papeles”. Conminado que fue a abrirla, deslumbró la visión de casi 800 mil dólares verdaderos sobre cuyo origen y destino no dio precisiones. El viajero es Guido Antonini Wilson, y su comportamiento fue tan  extraño que ni siquiera reclamó la devolución de la mitad del valor incautado por la aduana. Dejó de regalo 400 mil dólares verdaderos.

Antonini no fue molestado ni incomodado por acción de nuestras autoridades que no lo investigaron, y al día siguiente montó un avión de línea y se fue a Uruguay y después a Estados Unidos. Ante el escándalo inevitable sobre el misterio de la procedencia y destino de ese dinero, el gobierno Kirchner demoró un mes en pedir la extradición, para indagarlo, de Antonini Wilson a Estados Unidos, y de ahí en más se quedó en el molde, tranquilo, porque un trámite de extradición demora un año como mínimo y así, con el valijero fuera del país actuaría el olvido y se acallarían las preguntas molestas. Además, en esos días Felisa Miceli olvidó una bolsita con plata en el baño y eso hizo que el balurdo de los 800 mil dólares pasara a segundo plano.

Pero en Estados Unidos notaron movimientos sospechosos de agentes chavistas, y se inició un seguimiento con escuchas telefónicas que llevaron a la detención de cinco personas, a las que se acusa de actividades de agentes encubiertos del gobierno de Hugo Chávez, y amenazas concretas contra un ciudadano norteamericano para ocultar la posible comisión de un delito anterior en la Argentina. Esto tiene que ver con el pedido de extradición cursado por nuestro gobierno en septiembre pasado, pero no le importa a esa justicia el origen del dinero y para qué o quiénes se lo llevó a Buenos Aires. La “operación basura” deviene de que Franklin Durán, uno de los detenidos, venezolano y agente de Chávez, dijo al fiscal norteamericano que era dinero de PDVSA para la campaña presidencial de Cristina de Kirchner. No la justicia ni el gobierno de Washington le atribuyeron ese destino al toco de dólares que trajo Antonini Wilson, puntualizó su embajador en Buenos Aires.

Esto le puso temblor en las patas al gobierno argentino. Cristina fue, veloz,  al atril de su marido y desde allí despachó su versión sobre la “operación basura” y orientó al público hacia la creencia de que se trata de una maniobra de Estados Unidos contra ella, que es mujer, y la Argentina hermana de Venezuela. Eso fue, apenas, el comienzo porque de inmediato, cuando hervía la Rosada, se organizó la contraofensiva para que nada estorbe la serenidad presidencial. Se impartió orden de fundar en tres razones específicas el origen del ataque yanqui: la relación con la Venezuela de Hugo Chávez, la creación del Banco del Sur y el apoyo a las negociaciones con las FARC para liberar a Ingrid Betancourt. Se instruyó debidamente a los Fernández y a Randazzo en primer término, quienes rápidamente cumplieron ese cometido derivador de culpas y responsabilidad al gobierno del Norte, además de haberse dado iguales normas a gobernadores y a cuanto funcionario K gira en ese universo. La orden es repudiar la mala leche de la justicia norteamericana.

Ésta es, hasta hoy, la historia de este triste espectáculo con el que se divierte la opinión internacional y hace difícil entender cómo el hecho desencadenante no fue investigado por el gobierno argentino, y que quien lo protagonizó se haya ido del país sin que nadie dispusiera indagarlo sobre el origen del dinero y su destino, reducido todo al cese de dos funcionarios de jerarquía por haber permitido el viaje de Antonini en el avión rentado por ENARSA. Todo es tan confuso e inexplicable que hace más incomprensible la actitud y la intención de no reconocer el gobierno argentino que acá no se hizo nada por averiguar lo que debió averiguarse, a la vez que ahora monta en cólera furibunda porque la justicia americana hizo un procedimiento propio de su celo por saber qué hacen, en su territorio, los agentes extranjeros, y porque uno de los detenidos haya dicho que aquel dinero tenía destino de financiamiento de la campaña presidencial de Cristina Fernández.