En democracia no se puede concebir alguna peregrina idea de absolutismo de ninguna clase. Menos aún de pensamiento ni de preferencias sobre temáticas relacionadas con las convicciones cívicas. Va de suyo, entonces, que la pluralidad de ideas es la regla de oro que identifica al sistema universalmente considerado el mejor.
No se trata de una cuestión convencional sino de origen del orden democrático, porque se basa en el concepto irrestrictamente aceptado de que el hombre es un ser libre, que quiere ser libre y que defiende esa libertad durante toda su existencia. De ahí que exista dentro de cada persona una prevención innata contra cualquier amago de sofocación de esa libertad de pensamiento que pueda asimilarse a algún proyecto de imponer hegemonías, usando para ello cualquier clase de herramientas o modos de presión, incluidas la discriminación y la selección caprichosa para cualquier actividad o colaboración de libre acceso.
Pero si del lado del común de la gente esa convicción de libertad e independencia personal para pensar y para adherir o rechazar variantes de convicciones existe, no lo es menos que también forma parte de la personalidad de cada uno una tendencia hacia la dominación de los demás, de acaudillar sin oposiciones y aun con vigor arrollador a los otros, sin importarles demasiado el respeto por esa natural libertad e independencia de que hablamos. Existe en la naturaleza humana esa ansiedad de liderazgo que, si no se limita su potencia mediante la razón y el respeto por la personalidad del prójimo, produce secuelas de peligrosidad directamente proporcional a las posibilidades de realizar la imposición en el campo de las acciones prácticas. Este carácter procede del convencimiento de la propia suficiencia, del exceso en la autovaloración de aptitudes y, en mucho, del sentimiento de soberbia que trasciende los niveles propios de la templanza, la moderación y, sobre todo, de la humildad y hasta de la solidaridad.
Es este aspecto de la personalidad el que siempre está alentando la aparición de oportunidades para manifestarse, principalmente en el campo de la política y de la función de gobierno y conducción de masas. Es el mismo que motiva los peores defectos de la convivencia armónica de las sociedades y el que promueve las situaciones más negativas, aun en vigencia del sistema democrático. Es el carácter de los soberbios, de los que se creen iluminados y llamados a protagonismos mesiánicos para los cuales todos los caminos y formas de sofocar la reacción natural son válidos y utilizables para apurar el logro de sus fines de dominación y obediencia sin protestas. Es el proyecto de los que no consideran que las ideas, las convicciones y las preferencias cívicas de los otros merecen algún respeto o, siquiera, el cotejo con los suyos porque estos están, en su concepción, muy por encima de los ajenos. De ahí que el plan de acción contempla un procedimiento discriminatorio y hasta de persecución si fuere menester, para lo cual sólo hay que idear los disimulos que sirvan para esconder la realidad de las intenciones que los mueven.
EL DERECHO DE DISENSIÓN
No existe ese derecho cuando priman los sentimientos absolutistas en el accionar político o de gobierno de los caudillos. Se usa el desprecio y la descalificación permanente para justificar cualquier actitud que signifique apartarlos de todos los accesos a que tienen derecho por aquello de la igualdad de los seres libres, o por aquello de la idoneidad que no admite excepciones sin fundamento. Se entra raudamente en el territorio que separa a los réprobos de los elegidos, estableciendo una división indigna y de mala entraña, impropia de los regímenes republicanos y democráticos. Caprichosamente, aunque no inocentemente, se aparta a los que siguen las consignas e imposiciones del caudillo sin mayores inquietudes de conciencia, de los que se apegan a sus propias convicciones, concepciones e ideas en cuanto a la convivencia social y las consignas de conducción del país. De tal manera, con el impulso natural de los propósitos dominantes lo primero que se trata de amordazar es el derecho de disensión, contra lo cual se aplica todo el poder de los aparatos políticos y hasta los administrativos y de gobierno para quitarles toda apariencia de razonabilidad, muchas veces adjudicándole intenciones desviadas, no merecedoras de crédito ni de escucha.
Ante la demoledora acción de todo un elenco de gobierno que tiene a su disposición los resortes imprescindibles para llegar sin problemas a todos los sectores de la sociedad, más los medios bastantes para comprar, si fuese necesario, los canales de la comunicación social cerrándolos a la difusión de las otras ideas, las perspectivas de prosperidad de las que se oponen a las del status instalado se achican sensiblemente, creando la ilusión, poco a poco, de que las ideas, proyectos y planes del caudillo de turno son aceptadas de buena gana y fe por la casi totalidad de la población, en tanto los otros, los que piensan diferente y se atienen a sus propias visiones y conclusiones son los desertores de la manada, y les cabe, porque así debe ser, la condena y el desprecio en la misma medida en que cuadra el elogio y la adhesión incondicional para el que instaló su hegemonía. Pero aquello, como queda dicho, es ilusión, porque la realidad indica que es sólo el efecto de la imposición prepotente, de la sofocación de la palabra diferente y de la aplicación simultánea de la totalidad de los elementos de la maquinaria hegemónica puesta al servicio de alguna junta de políticos imbuidos de ideas que consideran de infalibles efectos sanadores.
En la historia contemporánea de nuestro país, esa fórmula de la hegemonía instalada ha sido una constante que se tradujo, lamentablemente, en una sucesión de frustraciones que, a pesar de constituir la certificación irrefutable del error que representa, se reitera con apelación, una y tantas veces como ocurre, a los mismos métodos aunque con variantes que, en el fondo, no marcan diferencias. Y entre esos modos de lograr el propósito absolutista, el único que no difiere de un caso a otro es el que impone la sofocación del derecho de disensión mediante la acción arrolladora del oficialismo para desacreditar el valor propio de la opinión disidente, o el prestigio de quienes la vierten. No importan ni el nombre ni la procedencia política de los que nos han gobernado legal o ilegalmente, porque la fórmula siempre fue la misma. Y el resultado también. Es claro que hubo en cada caso una cuota importante de desidia social, de ese dejar hacer por comodidad o por incapacidad de reacción que permitió esos episodios hegemónicos. De todos modos, siempre fue y será una mala experiencia nacional.