La economía criminal al descubierto
“El presente es lo principal del futuro” Antonie A. Cournot

Por Marcos Rodríguez
Analista en Relaciones Internacionales – UNICEN

Los paraísos fiscales, llamados por el FMI centros financieros offshore o extraterritoriales, ofrecen servicios para el capital propiedad de entidades o personas no residentes, que no se limitan a la baja o nula fiscalidad sino que incluyen también la obtención de una alta rentabilidad de los fondos depositados para inversiones destinadas no se sabe a que ni en donde.
Digamos que el calificativo de paraíso fiscal se asigna a determinados países, islas o enclaves geográficos que, mediante regímenes jurídicos opacos y reglamentaciones fiscales muy laxas, ofrecen exenciones y beneficios atractivos para el capital y la actividad financiera de no residentes extranjeros o de sociedades legalmente domiciliadas (en ocasiones sólo mediante una dirección postal).
Los paraísos fiscales han conocido un desarrollo espectacular a partir de los años setenta, formándose en la periferia de los países industrializados de América del Norte, de Europa y de Asia. Casi todos los países de Europa tienen su propio paraíso fiscal y a veces dentro del propio territorio. Su auge espectacular ha estado asociado a la supresión de las trabas legales y los controles de cambio, y al desarrollo de las telecomunicaciones, que han intensificado los movimientos internacionales de capital financiero.
Es una de tantas consecuencias de la globalización neoliberal, es decir, de una integración de las economías de todos los países en unos mercados mundiales no regulados, que en el terreno de las finanzas ha conllevado la supresión de los controles en los cambios de divisas y de las regulaciones y controles a los movimientos internacionales de capitales, lo que unido a la introducción de las telecomunicaciones, de Internet y las nuevas tecnologías informáticas, presenta un panorama hasta ahora inédito, es decir, totalmente nuevo.
De esta manera en las relaciones financieras internacionales, se generan unos flujos cuantiosos de capitales, que se estima en torno a los 2 billones de dólares diarios y que pasan en un alto porcentaje por los denominados centros financieros offshore o extraterritoriales. Para el capital que busca la máxima rentabilidad, mayores intereses y menores impuestos, el atractivo de los paraísos fiscales está en las ventajas que ofrecen sus escasas regulaciones, sus sociedades fantasma (que consisten a veces en un simple buzón de correos) la reducida o nula fiscalidad, el férreo secreto bancario y financiero que impide conocer la identidad de los verdaderos propietarios, la falta o la ineficacia de los tratados de cooperación judicial entre los Estados y sobre todo la estabilidad política que ofrecen estos enclaves privilegiados, amparados por los propios Estados a los que están vinculados o de los que son vecinos.
La realidad es que los paraísos bancarios y fiscales son creaciones ficticias de los países más desarrollados asentadas sobre todo en figuras jurídicas sofisticadas y en complejas estructuras de gestión, tales como sociedades fiduciarias y testaferros, secreto bancario, exenciones fiscales y laxitud legislativa. Estos enclaves financieros privilegiados se benefician directamente del amparo político de respetables Estados de Derecho, como los EE.UU., Francia, Reino Unido y España, que ante todo les aseguran la estabilidad política que necesitan, máxima garantía para la estabilidad financiera local, cuando no son por sí mismo paradigmas de democracia como Luxemburgo o Suiza. Y así, entre los 35 paraísos fiscales identificados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) encontramos, además de los del área caribeña de influencia norteamericana, otros muchos en el área europea, tales como las islas de Man, Jersey o Guernesey, dependencias todas de la Corona Británica; como Andorra, cuya Jefatura de estado comparten el Presidente de la República francesa y el Obispo de la Seo de Urgel; como Mónaco, estrechamente vinculado con Francia; y como Liechtenstein, cuyo Príncipe tiene la nacionalidad austríaca; en resumen, una geografía de minúsculos puntos que representan cifras astronómicas en las finanzas internacionales. Estamos en un mundo en el que cada día se realizan más de 465.000 transferencias electrónicas, por un valor superior a los 2 billones de dólares. Pues hoy en día, los instrumentos fundamentales y decisivos en las transacciones financieras internacionales son los sistemas informáticos de las empresas, de las entidades financieras y los nodos de intercambio que relacionan a unas con otras independientemente de la localización geográfica de cada uno de los intervinientes.
El dinero fácil y abundante para especular destruye así la producción real, agrava la depredación ecológica, condena a la miseria a millones de personas en los países del Sur, facilita el tráfico de influencias, la evasión fiscal, el tráfico de drogas y de armas, y la financiación del terrorismo; y todo ello mediante sociedades interpuestas, creadas ex profeso en los paraísos fiscales, llamados centros financieros offshore o extraterritoriales porque sus servicios financieros están diseñados para empresas o particulares no residentes (por ejemplo, esa característica explica que en Gibraltar, para una población de 28.000 habitantes, haya registradas unas 60.000 empresas).
En un único país existen fiscalidades distintas dependiendo de donde viva uno, por lo tanto no es de extrañar que, en el ámbito internacional, las diferencias sean aún mayores. Las notables diferencias existentes en algunos países han conllevado a éstos a convertirse en refugio o elección preferente para colectivos de personas con altos ingresos, o colectivos con ingresos de dudosa procedencia, o para empresas que buscan maximizar sus beneficios a costa de disminuir sus contribuciones al erario público.
Para estas zonas privilegiadas en cuanto a lo fiscal lo importante a veces no es la procedencia de ese dinero, sino la captación del mismo como base para su desarrollo y bienestar social, basando en el trasiego de personas y capitales y la utilización masiva de los recursos que estas zonas ponen a su alcance: lugares turísticos, infraestructuras adecuadas, servicios financieros eficientes, rápidos, especializados y, sobre todo, seguros.
Los paraísos fiscales generan básicamente tres grupos de efectos perniciosos para el equilibrio, la equidad y la racionalidad de la economía mundial que requieren su regulación y corrección en aras de una justicia global Además de facilitar el fraude y la evasión fiscal de las grandes fortunas, los paraísos fiscales posibilitan el blanqueo de capitales de origen ilícito y la financiación del terrorismo, contribuyendo asimismo al empobrecimiento de los países del Sur. Tal comportamiento es económicamente ineficiente, socialmente destructivo y profundamente no ético.
Los paraísos fiscales de los que el FMI escasamente se ocupa contribuyen al empobrecimiento de las economías de países menos desarrollados, ofreciendo oportunidades a las elites y funcionarios corruptos para el saqueo de fondos
públicos y la percepción de comisiones ilegales. Pregúntenle a cualquier investigador de casos de corrupción en la Argentina, Perú, México o la mayoría de los países latinoamericanos, y les dirán que los paraísos fiscales juegan un rol clave en la ola de escándalos político-financieros que están sacudiendo la región. Será muy difícil reducir el lavado de dinero y la evasión impositiva si los políticos deshonestos pueden depositar tranquilamente su dinero malhabido en bancos de ultramar.
Las finanzas modernas y el crimen organizado se sustentan mutuamente. Ambas necesitan para expandirse que se supriman las reglamentaciones y los controles estatales. El crimen organizado se ha desarrollado vertiginosamente en los últimos 20 años. Según la ONU, sólo la economía de la droga representa el 8% del comercio mundial. El dinero sucio utiliza los mismos circuitos que los de las finanzas especulativas.
Lo mismo que se plantea con la droga se puede aplicar a las armas, el tráfico de especies protegidas, la fabricación de moneda falsa, la explotación de seres humanos (trata de blancas, prostitución, trabajo clandestino, inmigración ilegal). La cifra de negocios a escala mundial del dinero proveniente de actividades ilícitas de las distintas organizaciones criminales, el Producto Criminal Bruto (PCB), no es inferior a 800.000 millones de dólares. Estas cifras, por muy importantes que parezcan (el PCB representa el 15% del comercio mundial), no dicen nada. Lo más importante es lo que no dicen: la economía criminal está íntimamente ligada a la economía legal.
El blanqueo de capitales se instrumenta en procesos complejos e imaginativos para ocultar y camuflar el origen ilegal de cuantías elevadas de dinero, introduciéndolas en los circuitos económicos, nacionales o internacionales, mediante adquisiciones, negocios tapadera o empresas fantasma.
Es obvio que la gravedad de las distorsiones que generan los territorios financieros privilegiados demanda soluciones multilaterales de largo alcance. Urge abolir el proteccionismo pasado de moda en materia policial y judicial. Es necesario impulsar instrumentos jurídicos internacionales para exigir a los paraísos fiscales que revelen la identidad de los titulares de cuentas bancarias, el bloqueo de éstas y que faciliten información sobre los titulares de sociedades pantalla. Es imperioso tomar medidas "justificadas por razones de orden público o de seguridad pública" cuando el movimiento de capitales tiene como finalidad el aseguramiento de los beneficios económicos obtenidos mediante la comisión de un delito y, máxime, si es de corrupción.
Tras el 11 de Septiembre de 2001, el reforzamiento de la lucha contra el terrorismo parece haberse inclinado más por su militarización que por socavar su financiación vía paraísos fiscales; de ahí los escasos avances. Por supuesto que los organismos financieros internacionales no se plantean la contribución perniciosa de los paraísos fiscales al avance de la pobreza en los países del Sur, al facilitar la corrupción de sus elites y de sus débiles administraciones públicas; y tampoco muestran gran interés por investigar la financiación de las sublevaciones armadas en el Africa subsahariana, en particular.
Confinar a los paraísos fiscales en espacios económicos marginales dentro de la actividad financiera internacional podría parecer una labor titánica, pero en realidad se trata sólo de una cuestión de voluntad política, la cual vendrá condicionada por la importancia de la presión social que la sociedad civil sea capaz de generar.