La Provincia de Buenos Aires es la unidad federada más hipertrofiada del mundo.

Con treinta y seis por ciento de la población total del país, excede en términos absolutos a sus similares brasileña (San Pablo, veintidós por ciento), alemana (Renania del Norte-Westfalia, veintidós por ciento) y estadounidense (California, doce por ciento).
Peor aún: la desproporción bonaerense entre población y cantidad de provincias sobre veinticuatro provincias, cada una equivale a cuatro por ciento es de nueve a uno. En tanto, la desproporción de California es de seis a uno, la de San Pablo de cinco a uno y la de Renania de cuatro a uno. A juzgar por el déficit o bancarrota de Buenos Aires y California, el gigantismo no ha tenido efectos positivos. Y sin embargo, la hipertrofia bonaerense rara vez aparece en la agenda de quienes promueven la reforma política, quizás porque intuyen que los defensores del status quo son demasiado poderosos.
La Provincia elige 70 diputados nacionales y, si se cumpliera la Ley 22.847 en función del Censo 2001, debería elegir 86, mientras ningún otro distrito debería superar los 20.
Semejante desigualdad entre entidades políticas formalmente iguales atenta contra el espíritu de la Constitución. Resulta necesario estudiar alternativas para reorganizar territorialmente a la Provincia. Porque es en ella donde se localiza la mayor parte de los problemas diagnosticados respecto de la política, como la sobrerrepresentación legislativa, las llamadas “listas sábana” y la distancia entre ciudadanos y administración.

Alternativas de reforma

La recuperación del equilibrio federal requiere la división de Buenos Aires.
Para ello no hace falta reformar la Constitución.
Si se divide en dos, la línea demarcatoria natural se ubicaría entre la provincia metropolitana, constituida por el gigantesco conurbano que rodea a la Capital Federal, y la provincia interior, caracterizada por una superficie mucho mayor pero menos poblada.
Así, la provincia metropolitana (o urbana) contaría con 8.500.000 habitantes, mientras la provincia interior (o rural) albergaría a los 5.000.000 restantes.
Alternativamente, y para disminuir aún más el gigantismo del conurbano, éste podría subdividirse en dos distritos que se repartieran equitativamente la población.
Los actuales habitantes bonaerenses se convertirían, de este modo, en ciudadanos de tres nuevas provincias, cuyas autoridades estarían más cerca y serían más accesibles.
La homogeneidad de las nuevas provincias tornaría razonable la instalación de legislaturas unicamerales en cada una de ellas, ya que no existirían desequilibrios demográficos o territoriales que compensar.
A la vez, unidades más pequeñas facilitarían el proceso de descentralización hacia los municipios, que asumirían mayores atribuciones de recaudación y gestión sin prescindir de la coordinación provincial. Por último, los partidos políticos se beneficiarían ante la posibilidad de regenerar sus vínculos con la sociedad a partir de un proyecto colectivo: la construcción de una nueva entidad política.

Estrategias de reforma

Para llevar a cabo una reforma institucional no basta con elaborar un bonito programa: la posibilidad de implementarlo es tanto o más importante que la perfección de su diseño. Ello se debe a que los cambios afectan diversamente a diferentes actores. Cuando algún actor con poder para vetar la reforma considera que ésta lo perjudica, es necesario procurar compensaciones que eviten su bloqueo o alianzas que superen sus fuerzas. En el caso en cuestión, los afectados son muchos y sería ingenuo menospreciarlos.
Los más perjudicados por la división de Buenos Aires son, por un lado, los aparatos provinciales de los dos grandes partidos, y por el otro, los sectores ineficientes de la administración pública central.
Ninguna reforma es viable si atenta contra los intereses de quienes deben decidirla e implementarla, por lo que la hipótesis de enfrentar en bloque a los partidos y a la burocracia es irrealizable. Pero es posible encontrar aliados en el interior de los dos sectores.
Dentro de cada partido existen importantes sectores y dirigentes que podrían beneficiarse con la división provincial.
En primer lugar están los intendentes, sobre todo los justicialistas del conurbano y los radicales del interior.
En ambos casos, estos representantes suelen percibir que los aparatos partidarios provinciales los utilizan para juntar votos, pero no los consideran a la hora de armar las listas de candidatos o definir políticas de gobierno. A su vez, hay honestos dirigentes intermedios que verían sus carreras políticas desbloqueadas si pudieran competir en distritos de dimensiones razonables, en los que el gigantismo no obstruyera a quienes no controlan el aparato.
También el gobierno nacional resultaría beneficiado por la reforma, ya que la concentración de poder bonaerense pende desde el siglo XIX como espada de Damocles sobre las autoridades federales.
Aunque los más beneficiados serían, sin duda, los ciudadanos: los bonaerenses, porque recuperarían la capacidad de controlar a sus gobernantes y administradores; y los demás argentinos, porque sus provincias ya no serían de segundo orden en el esquema federal.
Por ello, los ciudadanos constituyen aliados indispensables de una causa que, para ser exitosa, necesita también de los políticos. De nuevos políticos.